Resumen: Se reproduce la STS de 10/02/2018 (rec. 3781/17) recaída en asunto análogo, que estimó el recurso que trataba de esclarecer en qué medida la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación. A tal efecto la Sala relaciona sentencias anteriores en las que había anulado el Plan Territorial de Andalucía y el Reglamento General de costas, precisamente, por falta de informe de género, y, teniendo en cuenta tales antecedentes, rechaza la tesis central de la sentencia recurrida que defendía que debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente art. 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, en ausencia de normativa autonómica, el art. 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho estatal. El TS sostiene ahora que la cláusula de supletoriedad que se invoca para aplicar el artículo 24 de la Ley de Gobierno y, por lo tanto, exigir el informe de impacto no tiene soporte en la actual jurisprudencia que analiza la cláusula de supletoriedad. Concluye que no resulta exigible formalmente un informe específico de impacto de género, que no está incorporado como tal en la legislación, lo que no es óbice para que la igualdad de trato haya haya de ser tomado en consideración en el planeamiento.
Resumen: En la comprobación de la presunción de inocencia, el Tribunal debe verificar si existió actividad probatoria, si ésta fue regularmente obtenida, si tiene un sentido razonable de cargo y si la deducción que el Tribunal obtiene de la inmediación responde a criterios lógicos y de razonabilidad expresados en la sentencia. Se trata de comprobar la racionalidad de la valoración y la regularidad de la prueba utilizada. De otro lado, salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento absolutamente inconsistente o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas. Asesintato hipercualificado: En los supuestos en que la edad de la víctima (niños de escasa edad o ancianos) o la enfermedad o discapacidad física o mental, determinan por sí solas la alevosía, nos encontraremos, entonces sí, ante el tipo básico de asesinato (art. 139.1.1ª). No cabrá apreciar además el asesinato agravado del art. 140.1.1ª pues las condiciones de la víctima basan ya la alevosía. Lo impide la prohibición del bis in idem. Pero cuando a la alevosía, basada en otros elementos, se superpongan circunstancias del apartado 1ª del art. 140.1 no contempladas para calificar el ataque como alevoso será posible la compatibilidad.
Resumen: El auto de admisión del recurso preparado por la CA de Castilla León contra la sentencia que declaró la nulidad, en lo que al recurso interesa, de los arts. 13, 14, 19.a), b) y Anexo del Decreto 32/15, de 30 de abril, de la Junta, señaló como cuestión de interés casacional la de: determinar el alcance que haya de darse a los arts. 2, 5 y 7 de la Directiva Aves; 11, 14, 15, 23 y 24 de la Directiva Hábitats y al art. 52 de la Ley 42/07, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en la redacción vigente al tiempo de la redacción del Decreto 32/05) en relación con la fijación -por la normativa reglamentaria de la Comunidad de Castilla y León- de las especies cinegéticas, de las especies cazables, así como de los períodos de reproducción y migración prenupcial de las aves cinegéticas. Tras analizar el Preámbulo y los arts. 2, 5 y, especialmente, 7 de la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre (DAS), razona el Alto Tribunal que no comparte los criterios que llevaron a la sala a quo a declarar la nulidad referida: ni la ausencia de motivación del Decreto impugnado, razonando que el nivel de exigencia aplicado a la norma reglamentaria no cuenta con apoyo ni en las normas -fundamentalmente del Derecho UE- concernidas, ni en la jurisprudencia que las ha interpretado; ni la inviabilidad de la remisión efectuada (art. 14 del Decreto) a órdenes de caza que determinen cada año las especies cazables, razonando su suficiencia.
